Recientemente, una propuesta presentada por la presidenta mexicana Claudia SheinbaumProyecto de ley de reforma de la Ley de AduanasLa legislación se aprobó sin enmiendas durante una sesión conjunta de las comisiones pertinentes del Senado, lo que atrajo una gran atención. En particular, en respuesta a las preocupaciones del sector por la ausencia de reglamentos de apoyo, la nueva ley se aplazará hasta el 1 de enero de 2026, coincidiendo con el paquete económico del próximo año. Este período de transición tiene por objeto facilitar una preparación exhaustiva para la aplicación de la nueva normativa, aliviando así los temores sobre cambios bruscos en las políticas.
Puntos clave del nuevo Reglamento: reforzar la regulación y fomentar la transparencia
En el marco del programa de reforma, México creará una Comisión de Aduanas integrada por el Ministerio de Hacienda, la Administración Nacional de Aduanas, la Administración Tributaria y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que se encargará de otorgar concesiones y licencias de explotación. Con esta estructura se pretende mejorar la transparencia y la eficiencia de la gobernanza aduanera mediante la colaboración intersectorial.
Al mismo tiempo, la nueva ley impone requisitos de cualificación y comportamiento más estrictos a los agentes y agencias de aduanas. Aunque el periodo de validez de la licencia se ha ampliado a 20 años, se exige una recertificación cada tres años; se prohíbe expresamente a los funcionarios públicos actuar como agentes de aduanas y se les exige que declaren los cambios en su patrimonio y que no se relacionen de ninguna manera con sus clientes. Estas iniciativas pretenden cortar la cadena de corrupción a nivel institucional y remodelar el ecosistema aduanero.
La polémica no ha terminado: ¿es una cura o una medida provisional?
A pesar de la aprobación con éxito del expediente de reforma, su impacto potencial y la controversia continúan. El Director de Investigaciones del Servicio Nacional de Aduanas, Tonatiuh Marques, ha apoyado públicamente la reforma, argumentando que la herramienta legislativa es clave para frenar delitos fiscales como el fraude en el impuesto sobre el combustible. Sin embargo, algunos parlamentarios y representantes de la industria han expresado sus reservas.
El senador Rodrigo Zapater, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que la aplicación inicial de la nueva ley podría provocar "altibajos" en el comercio exterior de México y pidió que la revisión del reglamento vaya de la mano de una reforma legislativa. El senador Raimundo Bolaños, por su parte, cuestionó la reforma por considerarla una medida provisional, argumentando que trasladaría la responsabilidad de los funcionarios al sector privado, e incluso podría "estigmatizar" a los agentes aduanales y servir de "cortina de humo" para desviar la atención de los recientes escándalos.
Perspectiva empresarial: el reto de equilibrar costes y cumplimiento de la normativa
Para las empresas dedicadas a la importación y exportación en México, la nueva normativa supone tanto la esperanza de un mayor cumplimiento y transparencia, como la preocupación por el aumento de los costes operativos. Un sistema más estricto de certificación de agentes y de declaración de bienes puede elevar el coste de los servicios de los agentes, mientras que la eficacia del proceso de aprobación de la Comisión Interdepartamental también tendrá un impacto directo en la velocidad y el coste del despacho de aduanas.
Por otra parte, el refuerzo de las medidas anticorrupción, si se aplica, podría contribuir a reducir el gasto gris y crear un entorno comercial más justo a largo plazo. Sin embargo, los detalles de la aplicación de las políticas durante el periodo de transición siguen siendo críticos. Las empresas deben seguir de cerca el progreso de la normativa, ajustar de antemano sus estrategias de cadena de suministro y elegir un socio aduanero con capacidad de cumplimiento y experiencia local.
observaciones finales
La reforma aduanera de México tiene un objetivo claro -combatir la delincuencia fiscal y mejorar la eficiencia de la gobernanza-, pero su eficacia sobre el terreno está por probar con el tiempo. En el periodo previo a la entrada en vigor formal en 2026, el Gobierno debe mejorar los mecanismos de apoyo, mientras que las empresas deben planificar con antelación y tomar la iniciativa para adaptarse a la nueva normativa. Sólo a través de los esfuerzos conjuntos del gobierno, la industria y las empresas podemos encontrar un equilibrio entre la lucha contra la corrupción y la eficiencia y promover el desarrollo sostenible y saludable del comercio exterior de México.
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